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¿QUIÉN LE MANDA A ABRIR LAS PIERNAS? 

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Por: Vannessa Cepeda

 “Los derechos sexuales son un campo en construcción que requiere del aporte de los movimientos de mujeres y otros colectivos, en pos de trascender los límites y ampliar las posibilidades de los derechos reproductivos.”  Carol Pateman.

Los derechos sexuales han sido invisibilizados por el amplio debate acerca de los derechos reproductivos, puesto que  la tradición define a la mujer como madre y perdura la resistencia del campo de lo sexual a ser normado.

Dichos derechos se instalan en la agenda a partir de las luchas de las mujeres por el acceso a la anticoncepción y a decidir sobre su propio cuerpo en el marco de la autonomía en las cuestiones sexuales y reproductivas. También gracias al progreso tecnológico que permitió separar de manera eficaz la sexualidad de la reproducción, y a partir de las reivindicaciones de los sujetos señalados  como desviados de la normalidad patriarcal, que han buscado ampliar el campo de los derechos humanos para lograr su inclusión (homosexuales, transgénero, queer).

Los movimientos feministas tradicionalmente han planteado las demandas de las necesidades de las mujeres en general como derechos propios (ley de sufragio femenino, ley contra la violencia doméstica) y en la actualidad, hablan públicamente de los hasta entonces innombrables “derechos sexuales”, interviniendo continuamente en la elaboración de leyes y políticas públicas que favorezcan a las mujeres.

Colombia, desde la constitución de 1991 fue establecido como un estado social de derecho, con diversidad étnica y cultural que reconoce la libertad de cultos. Es claro que en la práctica es un país con una fuerte influencia cultural de la religión católica, junto con sus normas y valores interpretados por hombres, con un impacto directo sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Mientras la iglesia católica mantiene su poder en el país, a pesar de un carácter “laico”, fue hasta el año 2009 con la llegada del procurador Alejandro Ordoñez que las posiciones más conservadoras de dicha religión obtuvieron representante y defensor en las instituciones estatales, pues al analizar sus acciones y pronunciamientos resulta obvio que busca reabrir debates jurídicos ya hechos, y obstaculizar la materialización del derecho de las mujeres al aborto, garantizado por la corte constitucional, con un discurso conservador y moralista que ratifica la familia monógama y heterosexual como núcleo de la sociedad con roles de género naturalizados, en donde las libertades individuales son percibidas como dañinas o antinaturales.

11La sentencia de la corte corte constitucional del 10 de mayo de 2006 que despenalizo parcialmente el aborto en Colombia marco un antes y un después para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a lo largo de 30 años de lucha tanto de hombres como de mujeres , desde que en 1975 Mónica Roa presentara su demanda a la corte constitucional, para dar paso a un proyecto de ley propuesto por el partido liberal, que proponía la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas en caso del peligro para la salud de la mujer, o por la posibilidad de que el feto tuviera una enfermedad genética incurable. Esta lucha sigue  para que los derechos que se han logrado no se pierdan y pasen del papel a la realidad práctica, ya que persisten barreras importantes que impiden autonomía real de las mujeres sobre su sexualidad y reproducción. En cuanto a los requisitos establecidos para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo se otorgo un rol clave al personal de salud, en tanto son los médicos- una profesión tradicionalmente masculina-, quienes emiten el concepto frente a la autorización de la interrupción; además la problemática del aborto tiene una  importante dimensión social en tanto las  cifras son altas pero no se penaliza su práctica, entonces quizá el aborto es tolerado por la sociedad, sin embargo la penalización en la ley o el no garantizar la despenalización parcial, cobra precios para diferentes sectores sociales cuando el acceso al procedimiento seguro solo es posible para aquellas que cuenten con los recursos económicos suficientes.

La defensa al aborto legal es una defensa a la igualdad  y a la vida, pues la clandestinidad conlleva a altos riesgos para las mujeres y es una importante causa de mortalidad; esta reivindicación también cuestiona el mandato social de la maternidad, en que solo algunas mujeres privilegiadas que recojan los requisitos para ser madres, de acuerdo con un calendario reproductivo particular, una relación estable y heterosexual, una condición económica favorable, podrán serlo, sin que su condición de maternidad sea concebida como problemática,  tal como es el caso del embarazo adolescente o en contexto de pobreza. Así que a abrir  las mentes para proteger la vida, la dignidad, y los derechos humanos, que incluyen la autonomía de decidir cómo y con quien se abren las piernas.

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